Alejandro Peza
El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge continuará en prisión después de que agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo (FECCQROO) emitió argumentos que permitieron que un Juez de Control reafirme la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Roberto “N”, en lo que respecta a la carpeta administrativa 151/2017, por el delito de aprovechamiento ilícito del poder.
De acuerdo con la carpeta administrativa 151/ 2017, a Borge se le acusa de haber obligado a sus subalternos Javier Zetina y Carlos Acosta a firmar dos contratos distintos para la renta de aviones y un helicóptero en asambleas celebradas el 5 de abril de 2011 y el 6 de diciembre de 2013, con una afectación de 319 millones 941 mil 164 pesos.
La denuncia de esos hechos fue interpuesta el 16 de marzo de 2017 por la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), entonces encabezada por Juan Vergara Fernández.
Borge fue detenido el 5 de junio de 2017 en el aeropuerto de Tucumán, Panamá, y el 28 de ese mes se libró la orden de aprehensión correspondiente a la carpeta 151/ 2017.
Casi 2 años después, en una audiencia maratónica realizada la madrugada del 14 de mayo de 2019 vía teleconferencia desde el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ayala, Morelos, Borge Angulo fue vinculado a proceso por el delito de aprovechamiento ilícito del poder, dictándosele 2 años de prisión justificada la cual venció este viernes 14 de mayo de 2021.
Pese al vencimiento del plazo, la Fiscalía Anticorrupción argumentó que dicha medida debe continuar, a pesar de que ya se cumplieron dos años de la medida dictada durante la vinculación a proceso.
Todo esto, en concordancia con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Luego de dicha vinculación a proceso, el imputado recurrió a su derecho de defensa y acudió al Juicio de Amparo; sin embargo, la noma ordenó suspender el procedimiento hasta la etapa intermedia, por lo que no se ha podido avanzar.
El tiempo de suspensión del proceso, hasta el momento, es de 1 año, 2 meses y 15 días, debido a que se trata de un recurso de revisión y un recurso de inconformidad.
El Juez de Control manifestó que efectivamente el proceso ha estado suspendido por estos recursos legales y ordenó que dicha medida debe subsistir, reafirmando su prisión preventiva.
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