Alejandro Peza
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo interpuso una demanda de amparo ante el juzgado de distrito en materia administrativa en contra de diputados del Congreso del Estado quienes aprobaron este año la entrega de 75.5 millones de pesos al rubro de ayudas sociales.
La presidenta del CPC, Cyintia Dehesa, precisó que las ayudas sociales no son funciones del Poder Legislativo.
«La partida a la que estamos haciendo referencia va en contra de las funciones constitucionales del Poder Legislativo de Quintana Roo pues se entregan millones de pesos de los contribuyentes en acciones que no le corresponden al Poder Legislativo asumir“.
Cyintia Dehesa, aseguró que estos recursos se utilizan de forma discrecional y clientelar en procesos electorales.
“Este dinero se utiliza en la compra de votos, se utiliza de manera discrecional y es fundamental que los recursos se utilicen en mejorar las conde vida de miles de familias y no enfocarse en ña compra de votos“.
El CPC reveló que de 2017 a 2021 el presupuesto a ayudas sociales en el Congreso del Estado aumento un 2000 por ciento pues paso de 3.1 millones de pesos a 75.5 millones de pesos.
Incluso desde el 2017 la organización “Somos Tus Ojos”, interpuso una denuncia en contra del Congreso de Quintana Roo, por el presunto desvío de recursos etiquetados como “ayudas sociales”, en la cual solicita incluir en las investigaciones a integrantes de la entonces Gran Comisión, al comprobarse una diferencia de 20 millones de pesos en ese rubro, que no se reportaron.
Derivado de la denuncia interpuesta en octubre de 2017, la Fiscalía General del estado inició la carpeta de investigación FGE/QR/SOL/10/6074/2017 por el presunto desvío de 100 millones de pesos, correspondientes a las llamadas “ayudas sociales” que brinda el Congreso local.
Como parte de esas indagatorias, la Auditoría Superior del Estado (ASEQROO) informó que del periodo de septiembre a diciembre del año 2016, el presupuesto autorizado para ayudas sociales fue de 1 millón 901 mil 400 pesos, pero se ejercieron 2 millones 399 mil 426 mil pesos.
Sin embargo, “Somos Tus Ojos” obtuvo -a través de la solicitud de información 00837118- que de septiembre a diciembre del año 2016, la XV Legislatura destinó 23 millones 312 mil 028 pesos al rubro “ayudas sociales”, lo que representa una diferencia de 20 millones 912 mil 601 pesos respecto de lo entregado y comprobado ante la ASEQROO, lo que contrasta con la versión del gasto reportado por la Legislatura.
Con tal evidencia y, con base en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que marca como atribuciones de la Gran Comisión, el “ejercer, vigilar y controlar el presupuesto anual de egresos”, la agrupación amplió su denuncia y demandó al Ministerio Público, abrir investigación en contra de las y los diputados Eduardo Martínez Arcila, Carlos Mario Villanueva Tenorio, Candelaria Ayuso Achach, Ramón Padilla Balam, y Emiliano Ramos Hernández, quienes integran dicha comisión.
La imputación en contra de las y los legisladores, es por el probable uso ilícito de atribuciones y facultades; peculado y lo que resulte de la investigación.
También se le solicitó iniciar las indagatorias correspondientes en contra del Oficial Mayor del Poder Legislativo, Gerardo Martínez García, pues a él compete la administración de los recursos financieros, humanos y materiales del Poder Legislativo.
De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información, el Congreso entregó -en el último trimestre del 2016, 410 ayudas sociales, cuyo monto total fue de 23 millones 300 mil 583 pesos, lo que significa que cada apoyo debió alcanzar en promedio los 56 mil 858 pesos.
El desglose de apoyos indica que se otorgaron 29 de ellos, para accesorios médicos; 16, fueron también gastos médicos; 45, para estudios médicos; 87 para medicamento, 27 para ayudas sociales, 2 para educación, ocho para ayuda al deporte, 1 despensa, 21 para herramientas y material de construcción, 77 para transporte, 23 para hospedaje, 39 para alimentación y 35 para ataúdes y dos funerales.
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