El diputado “verde” Gustavo Miranda vuelve a enfrentar señalamientos de acoso laboral

Alejandro Peza

El diputado “verde” Gustavo Miranda García, vuelve a enfrentar señalamientos de acoso laboral dentro de la XVI Legislatura del Congreso del Estado.

En redes sociales, Betzy Briceño quien asegura ser empleada del Poder Legislativo señala al diputado Gustavo Miranda de vulnerar sus derechos y acosarla laboralmente.

En la publicación de Facebook se puede leer:

JUSTICIA, EMPATÍA Y SOLUCIÓN

Noviembre de 2020: siendo una fecha importante me siento totalmente violentada, me siento acosada y me siento totalmente humillada por parte del DIPUTADO GUSTAVO MIRANDA GARCÍA, no me había atrevido a alzar la voz, pero hoy por hoy que se celebra un día contra La Violencia de la Mujer no me siento protegida. Me violento a mi derecho como MUJER, Violentada Económicamente y como trabajadora.

PIDO JUSTICIA HACIA MI PERSONA YA QUE YO NO HE COMETIDO NINGUN DELITO.

PIDO EMPATÍA DE LOS 25 DIPUTADOS HACIA MI CASO POR DESPIDO INJUSTIFICADO.

PIDO LA INTERVENCIÓN DE NUESTRAS AUTORIDADES PARA QUE SE EXPONGA QUE DENTRO DE MI CENTRO LABORAL HE SUFRIDO VIOLENCIA.

CONDENO AL DIPUTADO GUSTAVO MIRANDA GARCÍA, AL SUBSECRETARIO LEGISLATIVO BENJAMÍN VACA, AL SECRETARIO GENERAL RENAN TAJONAR DE TODA ACCIÓN EN CONTRA DE MI PERSONA O DE MI FAMILIA.

Esta es la tercera ocasión en que el diputado Gustavo Miranda es señalado de maltrato y acoso laboral.

El primer caso surgió el 23 de octubre cuando Guadalupe Aguilar Sosa, trabajadora jubilada del Congreso del Estado, acusó al diputado, Gustavo Miranda García, de violentar sus derechos laborales al negarse a pagarle lo que por Ley le correspondía de jubilación.

Días después, el 03 de noviembre, Aida Isela Briceño Hernández, también trabajadora del Congreso del Estado acuso al legislador de castigarla por apoyar el movimiento de su compañera Guadalupe Aguilar Sosa.

Ahora Betzy Briceño asegura que fue humillada y acosada por el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.

En los tres casos, ninguna de las victimas ha recibido una respuesta a sus denuncias y mucho menos un acto de justicia.

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