Alejandro Peza
Un grupo de ciudadanos del municipio de Solidaridad interpusieron una solicitud de juicio político contra la presidenta municipal Laura Beristaín Navarrete.
Antonio Ramos Pérez, activista en Playa del Carmen, recordó que desde el año pasado se destaparon una serie de actos de corrupción por la asignación de obras en forma irregular.
“Desde el año pasado se destapó la cloaca de corrupción por la asignación de obras en forma irregular que ha llegado hasta los trabajos inconclusos de la Quinta Avenida”.
Antonio Ramos Pérez agregó que de las 58 licitaciones hechas en 2019, el 30 por ciento se le asignó a una persona sin garantizar la eficiencia de los recursos ni el beneficio del Estado o el municipio.
De los 32 participantes, hay 26 contratistas que dieron domicilios fiscales inexistentes.
De las empresas 20 fueron constituidas fuera del Estado y que no cubren los dos años que pide la ley de obra pública para poder participar en las licitaciones.
Incluso dijo que otras empresas no tenían registro en el padrón de contratistas en la Secretaría de Obras Públicas.
El activista dijo que se han aportado las pruebas para que el congreso pueda revisar y analizar la solicitud de juicio político en contra de Laura Beristaín, actual presidenta municipal de Solidaridad.
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