Alejandro Peza
El Congreso del Estado fue notificado oficialmente de la sentencia de un juez federal que obliga al Poder Legislativo a dotar de recursos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado a construir la infraestructura necesaria para dotar de agua potable a la comunidad rural de Guillermo Prieto.
El Subsecretario de Servicios Legislativos, Benjamín Vaca González, señaló que la notificación fue recibida este jueves 05 de noviembre y fija un plazo de tres días hábiles para cumplir la sentencia.
“Lo que pide la sentencia es muy puntual pues estipula que se realicen las acciones referentes para dar cumplimiento a esa ejecutoria de lo cual los diputados ya están trabajando, incluso tengo conocimiento de que el diputado José de la Peña Ruiz de Chávez hizo una convocatoria de la Comisión de Hacienda y tratar el asunto con el titular de la Comisión de agua Potable y Alcantarillado y saber cómo se establecerán los fondos en el próximo paquete fiscal para esta obra”.
El Subsecretario de Servicios Legislativos, precisó que se está dando tramite a la sentencia pero aclaró que de autorizarse los fondos para la obra esta se dará para el año 2021.
Hace unos días atrás, Benjamín Vaca había asegurado que no había ninguna notificación, aunque posteriormente el diputado Eduardo Martínez Arcila, desmintió a Benjamín Vaca y aseguró que la notificación de este caso se había hecho desde el 13 de octubre, pero el trámite se “congelo” en la Oficialía de Partes la cual al parecer nunca notifico a los secretarios técnicos de las fracciones parlamentarias.
El abogado Andrés Blanco representante legal de la comunidad de Guillermo Prieto, explicó que el amparo interpuesto por los pobladores de esta comunidad limítrofe con Campeche, causó ejecutoria para los efectos legales correspondientes y tras la notificación al Congreso del Estado, el pasado viernes 30 de octubre el juez fijó un plazo de 3 días hábiles para acreditar de manera fehaciente el cumplimiento del fallo, término que aparentemente venció el miércoles 04 de noviembre.
El abogado Andrés Blanco, resaltó que, al vencer el plazo fijado por el juez, los 25 diputados cayeron en desacato lo que causo un incidente de inejecución de sentencia y por lo cual el expediente ahora será turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para aplicar la destitución de los legisladores.
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