Alejandro Peza
Habitantes de 64 comunidades rurales del municipio de José María Morelos se organizan para realizar protestas y movilizaciones después del rescate de un trabajador del Gobierno de Quintana Roo que fue retenido por los pobladores de la comunidad de La Esperanza como medida de presión para que se cumpla el compromiso de construir una camino hacia la cabecera municipal.
El lunes pasado un empleado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) que realizaba censos para beneficiarios del Programa “Piso Firme” fue retenido en La Esperanza.
Los ejidatarios tomaron esta medida para obligar al Gobierno del Estado a construir la carretera La Esperanza-José María Morelos, obra ya licitada en marzo pasado.
En la madrugada del martes un grupo de 77 agentes de la Policía Quintana Roo distribuidos en 25 patrullas llegaron a la comunidad y rescataron al trabajador, que estaba encerrado en un aula de la escuela primaria de la comunidad.
Dos personas identificadas como “Noé Arnulfo” y “Luis Osvaldo” fueron detenidas por presuntos ultrajes a la autoridad e impedir la acción de la Ley por lo que quedaron a disposición de un juez de control.
La población de La Esperanza denunció en redes sociales que hubo abuso de autoridad de parte de la Policía Quintana Roo, cuyos agentes causaron destrozos en la escuela y algunas casas.
Convocaron a comunidades aledañas a realizar actos de protesta, como bloqueo de carreteras, retención de otros funcionarios y no devolver la maquinaria, el camión de bomberos, la patrulla y la camioneta de la Sedeso que permanecen en la comunidad.
El diputado local Pedro Pérez Díaz aseguró que la obra está detenida por la pandemia por COVID-19.
El legislador aseguró que la inconformidad de los ejidatarios es motivada por personajes del Ayuntamiento de José María Morelos.
“Desafortunadamente como sucede en estos temas y muchos más, hay gente externa que polemiza y politiza este asunto y lo peor es que utiliza a la gente de la zona que de buena fe reclama sus derechos… A la medida que la gente externa saque las manos es a medida que se resolverá… No puedo decirte quienes son pues estoy metido acá pero lamentablemente se ha politizado y polemizado”, advirtió.
Este señalamiento fue confirmado por el secretario general del Ayuntamiento de José María Morelos, Roger Caamal Hernández, en conferencia de prensa.
El secretario general responsabilizó a dos integrantes del Cabildo Municipal de inducir a la población de La Esperanza, a violentar la Ley y presionar a las autoridades.
Extraoficialmente se responsabiliza a los regidores Domingo Flota Castillo y Erick Noé Borges Yam, de orquestar las retenciones y utilizar a los habitantes de La Esperanza, con fines políticos personales.
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