Playa del Carmen.– El Juez de Control del sistema Oral Penal de la ciudad de Playa del Carmen, David Montoya Absalón, resolvió este día, otorgar el cambio de medidas cautelares a favor del expresidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, determinando como nueva medida cautelar, el resguardo domiciliario, toda vez que supuestamente la Unidad de Medidas Cautelares determinó que no existe riesgo de fuga por parte del imputado, sin embargo, dicha situación sorprendió a las partes, dado que su detención que lo llevó a prisión preventiva para hacer frente a los procesos, fue en la ciudad de México, teniendo todavía los recursos suficientes para poder eximirse de la acción de la justicia.
Después de varias solicitudes, diversos jueces habían concluido que Mauricio Góngora no garantizaba su presencia en los juicios que se le siguen, sobre todo por la obviedad de que fue aprehendido en la ciudad de México y la supuesta gran fortuna que le permitía poderse desplazar de un lugar a otro, sin embargo, el día de hoy, finalmente obtuvo su libertad, pues además de arresto domiciliario, deberá llevar un brazalete y le ratificaron el retiro de la visa, como una supuesta forma de tenerlo ubicado para responder ante la autoridad judicial.
La determinación de mandarlo a casa por tener diversas enfermedades como Diabetes y la pandemia del COVID-19, son solo una parte del argumento que no queda muy claro, pues la constante del juez de control, David Montoya, es dejar en libertad a imputados con gran poder económico o político, incluso a sucedido que algunos imputados se han eximido de la acción de la justicia, como pudiera suceder con Góngora Escalante.
Por otra parte, el debate de cambio de medidas cautelares, sorprendió por la velocidad con que se acordó y que la misma Fiscalía fuera notificada con poco tiempo de anticipación, pues de igual forma, por la pandemia del COVID-19, el síndico municipal, como representante del ayuntamiento de Solidaridad y su abogado, como asesor jurídico, no se presentaron, lo que pone en duda la determinación del juzgador, pues estas partes debieron ser escuchadas para la determinación final, cosa que no sucedió y deja un sabor de boca a los quintanarroenses pensando si realmente el poder judicial garantiza el acceso a la justicia de los gobernados.
HISTORIAL
El ex presidente municipal de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, enfrenta 3 procesos penales radicados bajo las carpetas administrativas; 227/2017 así como la 229/2017, ambas por el delito de peculado y la 53/2019 por el delito de desempeño irregular de la función pública, en esta última carpeta, el juez de control oral penal decretó como medida cautelar el resguardo domiciliario, sin embargo, como en las otras dos carpetas tiene la de prisión preventiva justificada, hasta el momento no ha tenido la libertad para llevar sus procesos desde su casa, pero ha trascendido que los amparos promovidos por su defensa, pudieran resolverse en poco tiempo a su favor.
Cabe señalar que originalmente al ex candidato del PRI a la gubernatura de Quintana Roo se le habían imputado 4 carpetas de investigación, pero en la carpeta 162/2019, los fiscales del ministerio público se exhibieron realizando un papel deficiente, algunos abogados señalaron que “pareció como si estuvieran vendidos y quisieron beneficiar a Mauricio Góngora”, toda vez que el mismo juez de control tuvo que decretar la no vinculación a proceso pues no existía relación entre lo que se imputaba y lo que se ofreció en la audiencia respectiva, tirando a la basura poco más de 12 horas que duró la audiencia, dicho resolutivo fue una pequeña victoria para el ex funcionario.
A la fecha, Mauricio Góngora tiene pendiente le resuelvan dos amparos respecto a las carpetas con número 227/2017 y 229/2017, ambas por el delito de Peculado, en dichos casos, apenas se realizó la imputación y no se ha podido llegar a la etapa intermedia, pero se considera que en el resolutivo federal, pudieran caer dichos procesos por la mala integración de los agentes del ministerio público, ya que en uno de los amparos que se han resuelto previamente, el juez de control estaba obligado a decretar una medida distinta a la prisión preventiva, pero desatendiendo la orden de la justicia federal, volvió a abrir debate y decretó prisión para el también exsecretario de hacienda del estado, lo que con el tiempo podría fincarle responsabilidades al mismo juzgador pues dicha actuación fue recurrida de nueva cuenta.
Por otra parte, el ex edil, lleva más de 2 años en la cárcel, pues fue detenido el 25 de enero del año 2018 en la ciudad de México, publicado en exclusiva por Sol Quintana Roo, todo ese tiempo ha tenido la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contraste con lo que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales al señalar que ningún proceso judicial penal deberá durar más de 2 años, por lo que no sería una gran sorpresa que los juzgadores federales ordenen su salida en poco tiempo, exhibiendo con ello, el actuar de los ministerios públicos que llevan los procesos y no han logrado prosperar sus actuaciones.
Fuente: solquintanaroo.com
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