ALEJANDRO PEZA
El oficial mayor del Gobierno del Estado, Manuel Alamilla Ceballos confirmó la inhabilitación de dos funcionarios a los que se les señala de irregularidades durante la licitación de uniformes escolares del año 2017.
Manuel Alamilla precisó que el director general de Administración de la Oficialía Mayor, José Manuel González Acosta; recibió una suspensión de quince días.
Otro funcionario sancionado es el director de Recursos Materiales, Edwin Azmir Díaz Tello, quien fue inhabilitado por seis meses y según comentan, tiene un amparo ya tramitado para evitar ser aprehendido.
La investigación en marcha se refiere, por cierto, a la asignación de contratos a la Comercializadora Adicon S.A. de C.V, de la ciudad de Puebla, con una inversión de 104 millones 615 mil 890; para elaborar unos 222 mil kits de uniformes en 2017; habrá que esperar la ampliación de la información y que la SECOES confirme si hay investigación en curso también por la adjudicación de 2019, en donde existió un sobreprecio local, con respecto a Yucatán, superior a los 70 millones de pesos.
Hay que señalar que desde semanas atrás el líder de los textileros Pedro Quintal Loeza, firmo un acuerdo con más de 30 talleres familiares y 22 empresas, que se encargarían de la elaboración de 946 mil 540 prendas de uniformes que serían maquiladas de manera justa y equitativa para el beneficio de la economía local, sin embargo algunos miembros de esta unión de textileros declararon que esto fue una farsa, pues afirman que los uniformes ya los habían hecho en Puebla y que tan solo alcanzaron las migajas, maquilando un par de cientos de piezas, a un ridículo pago de 10 a 20 pesos por prenda.
Otro dato importante es que este martes se supo que el gobierno del Estado atravieza por problemas de liquidez y no ha iniciado el pago a la empresa local «La rana», ganadora del proceso de licitación para elaborar 236,635 paquetes de uniformes para el ciclo escolar 2019-2020, y a pesar que registra un avance del 80 por ciento en la distribución.
Pedro Quintal Loeza, representante legal de la empresa, indicó que se han entregado ya dos facturas a la Secretaria de Finanzas para que se cubra el adeudo de 127 millones 942 mil 865 pesos pactados en la licitación.
«Así como entendemos las dificultades financieras que atraviesa el gobierno del Estado también pedimos que comprendan que tenemos compromisos económicos que cubrir», dijo.
Afirmó que la explicación de la autoridad gubernamental es que no hay liquidez y que están haciendo todo el esfuerzo para comenzar a pagar la manufactura de uniformes por lo que los empresarios manufactureros han financiado todo el proceso de producción y distribución.
Reiteró que registran un avance del 80 por ciento en la distribución de los uniformes escolares y únicamente quedan pendientes los estudiantes de los municipios de Isla Mujeres y Tulum.
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