Alejandro Peza
El sector empresarial del municipio de Othón P. Blanco ha solicitado ser parte del Comité Ciudadano de Seguimiento a la aplicación de los recursos públicos que se generen por el Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA), indicó Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chetumal.
El dirigente empresarial explicó que el objetivo es que haya una garantía para los empresarios de que los recursos obtenidos por concepto de DSA serán ejercidos de manera transparente y en beneficio del sector turismo, y sobre todo que haya certidumbre para el ramo hotelero que es quien responderá por el cobro de este derecho.
Sostuvo que «en la medida de que se vea esa claridad en el manejo de los recursos, que verdaderamente se ejerzan para programas de optimización de servicios públicos, de saneamiento ambiental y para fortalecer el turismo a través de difusión y mejora de espacios, será también la confianza y disposición que tendrán los empresarios para apoyar al Ayuntamiento con esta medida recaudatoria».
Eloy Quintal dijo que debe prevalecer el diálogo para mantener la sinergia entre contribuyentes y municipio, pues ya han surgido manifestaciones del sector hotelero que se oponen al cobro de DSA, por lo que entre ambas partes deben buscar los acuerdos correctos para seguir trabajando en armonía y que no se rompa esa vía de comunicación.
«Es por ello que debemos ser tomados en cuenta para formar parte del Comité Ciudadano de Seguimiento a la aplicación de los recursos públicos que se generen por el DSA, que deberá estar integrado por cinco ciudadanos representantes de los principales sectores sociales y productivos establecidos en el Municipio y su cargo será honorario».
El Ayuntamiento de Othón P. Blanco va por el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA) en 2022, mediante el cual proyecta una recaudación de por lo menos 8 millones 865 mil pesos, recurso que deberá servir para garantizar la conservación y mantenimiento de las zonas turísticas y sus servicios.
Este Derecho fue aprobado desde la pasada administración municipal que encabezó Otoniel Segovia Martínez, por lo que ya existía en la Ley de Ingresos municipal correspondiente al presente ejercicio fiscal 2021, pero el Ayuntamiento saliente no se preocupó por regular y transparentar su cobro, de tal manera que ni siquiera constituyó el Comité Ciudadano de Seguimiento a la aplicación de los recursos públicos que se generen por el Derecho de Saneamiento Ambiental.
El municipio de Solidaridad fue el primero en aplicar este Derecho, en el año 2017, posteriormente se autorizó su cobro en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Lázaro Cárdenas y Othón P. Blanco.
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