Diputados de la XVI Legislatura del Congreso del Estado aprobaron el Informe Ejecutivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del año 2019.
Los diputados instruyeron a la Auditoría Superior del Estado a continuar las investigaciones sobre observaciones sin solventación por 75.8 millones de pesos, en donde destacan los casos del municipio de Solidaridad, el Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Quintana Roo, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, además de la la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya.
La fiscalización abarcó 34 mil 668 millones de pesos ejercidos en el 2019 por el estado, los municipios, entidades paraestatales y órganos autónomos.
El informe General Ejecutivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública fue aprobado por 20 de 22 diputados e incluye recomendaciones de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Congreso del Estado para la fiscalización del ejercicio 2020, así como la propuesta de la Auditoría Superior de que se realicen adecuaciones a la legislación vigente sobre la regulación del Padrón de Contratistas del Estado.
El informe indicó que para la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 se realizaron 242 auditorías a 102 entidades públicas, los cuales resultaron en la presentación de 148 informes individuales, de las cuales resultaron observaciones por 377 millones 517 mil 520 pesos, de los cuales fueron solventadas durante el procedimiento 301 millones 633 mil 717 pesos, quedando pendientes de solventación 75 millones 883 mil 803 pesos.
Los montos pendientes de solventación fueron turnados al área de investigación de la Aseqroo, para requerir a funcionarios y, en caso de detectarse posible daño a la hacienda pública, denunciar penalmente, eso además de que se han promovido denuncias para sanción administrativa ante las contralorías respectivas.
Sobre los casos en investigación de la Aseqroo y que la Legislatura ordenó continuar, destaca el municipio de Solidaridad, bajo el gobierno de Laura Beristain Navarrete, como el que más recursos dejó sin comprobar adecuadamente en el 2019, por un monto de 46 millones 576 mil pesos de observaciones financieras sin solventar; además de otros institutos del mismo municipio, para un total de 48 millones 294 mil pesos en observaciones pendientes de solventar.
Asimismo, la Aseqroo señaló que los institutos de la Juventud y de la Mujer de Solidaridad
no han atendido las solicitudes realizadas o los pliegos de observaciones para aclararlos; y en la
misma situación se encuentran el Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez, que tiene
observaciones pendientes por 4 millones 283 mil pesos; y Solución Integral de Residuos Sólidos de
Cancún (Siresol), con pendientes de solventación por 4 millones 60 mil pesos.
Otros entes sobre los que continúan las investigaciones es el Fondo de Fomento Agropecuario del Estado (Fofaqroo), dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe), donde existe un alto monto observado sin solventar, por 34 millones 319 mil pesos, derivado de falta de documentos para comprobar que esos montos erogados realmente llegaron a los beneficiarios de programas como implante de embriones y acuacultura.
En el caso del gobierno del estado, destacó que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpe) nuevamente aparecer como la dependencia del gobierno del estado con más irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, pues presenta 1 millón 694 mil pesos de observaciones sin solventar.
Y otra vez la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (Uimqroo) de José María Morelos resultó con desorden administrativo, porque tiene observaciones sin solventar por 2 millones 337 mil pesos, pero fue superada por la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, que tiene observaciones por 2 millones 979 mil pesos sin solventar.
En el marco de la revisión de este informe la Aseqroo anunció la presentación de demandas penales por faltantes de comprobación de la Uimqroo correspondientes al 2018, así como contra faltantes observados en los municipios de Puerto Morelos y Cozumel del mismo ejercicio fiscal.
El acuerdo aprobado por el Congreso indica que se fiscalizaron ingresos por una muestra global de 16 mil 978 millones de pesos, así como egresos por un total 13 mil 570 millones de pesos, además de inversiones físicas por un monto total de 899 millones 373 mil pesos, y 3 mil 220 millones de pesos de la deuda pública fiscalizable, haciendo un total global auditado por todos los rubros de 34 mil 668 millones 990 mil pesos.
Señala también que la Auditoria Superior del Estado identificó situaciones de riesgo que implicarían obstáculos de efectividad y alcance de operación en los entes públicos, consistentes en: a) Fallas o errores en la gestión administrativa del ente auditado; b) Incorrecta aplicación de recursos; c) Inadecuada captación de recursos Públicos y d) Incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o políticas públicas.
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