Alejandro Peza
El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar señaló que «Hoy la SCJN da plena efectividad al derecho a la interrupción del embarazo. La ley debe establecer las condiciones y modalidades para que la objeción de conciencia no interfiera con los deberes de disponibilidad en materia de salud, en especial con los Derechos Humanos de las mujeres».
La acción de inconstitucionalidad, sucede después de una demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la reforma de la Ley General de Salud de 2018, en la que se contempla la objeción de conciencia de médicos y enfermeras del sector público y privado. La CNDH argumenta que los artículos referentes a este tema representan un obstáculo en el acceso a la salud, entre ellos, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que quieran abortar.
En Quintana Roo, la Red Feminista Quintanarroense informó que desde el mes de marzo de 2021, se interpusieron 4 amparos indirectos ante los Juzgados de Distrito de Chetumal en los que se hicieron valer diversos conceptos de violación a los derechos humanos, que se configuraron ante el desechamiento que efectuó la XVI Legislatura del Estado de Quintana Roo del dictámen en sentido positivo a favor de la armonización de la legislación local al principio pro persona, principio de interpretación conforme, control constitucional y convencional.
Los amparos han sido radicados y admitidos en los Juzgados primero y sexto de Distrito, bajo los números 187/2021, 188/2021, 189/2021 y 206/2021.
A través de una publicación hecha el 12 de septiembre a través de sus redes sociales, el colectivo precisa que ”Ya se ha solicitado el informe previo a la autoridad responsable. Esperemos ver qué contestan y si tienen la osadía de seguir condicionando nuestros derechos a sus ideologías conservadoras o a sus intereses económicos o políticos”.
El documento refiere también que ”Es el momento en el que verificaremos si las y los legisladores están conscientes que antes que políticos, son servidores públicos y como tales, están sujetos a un marco de responsabilidad política, penal y administrativa por su actuación”.
Las integrantes de la Red Feminista Quintanarroense, aseguran que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar en el territorio mexicano.
Por otro lado grupos Provida en Quintana Roo han advertido que la SCJN se ha extralimitado en sus funciones.
Fausto Canto García, miembro de estos colectivos explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) extralimita sus funciones, pues consideró que es facultad de cada estado auto determinarse en materia del aborto.
Mencionó que se ha solicitado a los ministros de la SCJN reconsideren la resolución, debido a que no pueden atentar en contra de la vida de los que no tienen voz.
«Queremos dejar en claro al poder judicial y a la suprema corte de que vamos a defender nuestra constitución hasta las últimas consecuencias», apuntó.
Indicó que esperaran las modificaciones a la constitución local, en caso de que existan, para interponer los amparos correspondientes, pues no dejaran que se vulnere el derecho a la vida de los que hoy no tienen voz.
Dejar una contestacion