Alejandro Peza
16 de Marzo
El Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (IDAIPQROO) está negociando con la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para definir el destino final de los recursos que se obtengan por las multas que se apliquen a los sujetos obligados que se nieguen a dar información pública o que no cumplan con las medidas de transparencia en sus páginas de internet.
Orlando Espinoza Rodríguez, consejero presidente de esta oficina señaló que por ahora el IDAIPQROO no está recibiendo un peso de este recurso.
“La multa la cobra SEFIPLAN y lo que falta determinar es que va a pasar con el dinero de la multa porque hay estados en donde se crea un fondo para el fomento a la trasparencia y el acceso a la información para que si no todo una parte del dinero regrese al instituto para mejorar las condiciones del personal, equipo y programas y aquí no sea definido que va a pasar ya estamos buscando el acercamiento con la Secretaria de finanzas pasa saber cómo se va a manejar el recursos de las multas”.
En lo que va del año suman más de 23 denuncias que se han interpuesto en el IDAIPQROO, siendo los partidos políticos los más señalados.
Espinosa Rodríguez reconoció la importancia de firmar un convenio para mejorar los estándares de transparencia y rendición de cuentas de los más de 100 sujetos obligados en la entidad. Puntualizó que a pesar de que las responsabilidades del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo han incrementado en este año, el presupuesto y personal continúa siendo el mismo.
“Nosotros hicimos una solicitud de ampliación de presupuesto para este año pero no hubo, fue lo mismo del año pasado y como ya hemos platicado las funciones y el trabajo aumenta pero el personal es el mismo”.
El presupuesto del IDAIPQRRO para este 2018 es de aproximadamente 43 millones y a pesar de solicitar un incremento de entre 6 y 7 millones para atender las necesidades, los recursos no fueron autorizados por el Congreso del Estado. Este organismo solo cuenta con 5 abogados proyectistas que se encargan de los recursos de revisión y dos verificadores que supervisan las 100 páginas de internet de los sujetos obligados entre dependencias de gobierno y partidos políticos, lo termina siendo insuficiente para atender las denuncias y obligaciones.
“Tenemos una o dos personas para verificar 100 páginas y si nos tardamos 3 días revisando una página son 150 días del año haciendo la primera revisan cuando la ley marca que tenemos que hacer por o menos dos revisiones al año”.
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