La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), presentó ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, a Melquiades “N”, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial y formular imputación.
El Representante Social de la Federación obtuvo del Juez de Control la vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el Artículo 400 Bis fracción I, en las modalidades de recibir y adquirir recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
El Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de México, concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación y dictó como medida cautelar una garantía económica por cuatro millones de pesos, prohibición de salir del país, por lo que se retiró el pasaporte y visa, así como acudir a firmar, una vez al mes, ante el Centro de Justicia de Quintana Roo.
El Fiscal logró acreditar que Melquiades “N” había recibido en dos de sus cuentas bancarias, dentro del período de 2015, la cantidad de $50’689,970.76, que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron del fisco dos empresas, con motivo de dos esquemas de defraudación.
El primero por adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que soportan operaciones inexistentes; el segundo, por la acreditación por concepto de subsidio al empleo sin contar con la base real de trabajadores suficiente para generar a su favor tal crédito.
Ello, aunado a que no existe dato alguno que arroje información sobre la real prestación de servicio alguno por parte del imputado en favor de las empresas, que justificara la transmisión de recursos que le hicieron éstas.
El combate a la corrupción es prioridad fundamental del Gobierno de la República y una exigencia de la ciudadanía. El trabajo de la Procuraduría ha sido y será, exhaustivo y ajeno a agendas políticas y electorales.
Con base en ello, la Procuraduría, y en específico, el Ministerio Público, ha reiterado que todas las acciones den vigencia plena al Estado de Derecho.