Alejandro Peza
El presidente de la organización Unificación Integral Quintanarroense, Cristian Muñoz Castillo, lamentó la falta de voluntad de las autoridades gubernamentales para cumplir con la ley para la atención de personas con discapacidad y sus reglamentos desde el 2019 y desde septiembre en el municipio de Othón P. Blanco.
Considero que son letra muerta las leyes y los reglamentos para atender a personas con discapacidad por parte del gobierno del Estado y el municipio.
Comentó que la mayoría de las personas con discapacidad tienen muchas dificultades para realizar tramites ante dependencias estatales y municipales por la falta de elementos que les permita su tránsito.
«Lamentablemente es letra muerta el contenido de la Ley en el Estado y el reglamento recién aprobado en el municipio capitalino porque las personas con discapacidad se siguen enfrentando a problemas de movilidad por la falta de elevadores, que ya están instalados pero que no funcionan, o rampas que no son funcionales por estar construidas con árboles o postes en medio o que no se respetan por los automovilistas», señaló.
Recordó que el cabildo de Othón P. Blanco aprobó desde septiembre del año pasado el reglamento para las personas con discapacidad “pero hasta el momento no ha sido puesto en marcha con el perjuicio de quienes no pueden subir a primer y segundo piso.
Los establecimientos comerciales deben contar con sus rampas respectivas y acceso para personas con discapacidad y en su caso con los elevadores, pero no se ha hecho.
«Han pasado cuatro meses y no hay avances en el municipio y en algunos edificios hay elevadores pero no están funcionando. Hay falta de voluntad por parte de las autoridades», insistió.
Cristian Muñoz Castillo dijo que en el caso de la Ley para la atención de personas con discapacidad aprobadas desde el 2019 los diputados dicen que ya es responsabilidad del gobierno del Estado emitir los reglamentos y echar a andar el instituto y destinar recursos, pero hasta el momento no hay ningún avance.
Lamentó que los gobiernos estatal y municipales destinen recursos a cuestiones sin importancia y no atiendan la obligatoriedad que establece la ley y, en el caso del municipio de Othón P. Blanco, la reglamentación para atender a las personas con discapacidad “y eso solo habla de la falta de voluntad política”.
Afirmó que hay rampas de acceso a personas con discapacidad, pero no son funcionales ya que se encuentran en medio de postes, árboles o simplemente no se ven o los automovilistas no los respetan.