Alejandro Peza
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) investiga a cuatro empleadas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado relacionadas con un presunto desvío por más de 22 millones de pesos.
Elementos de la Policía Ministerial de Investigación adscritos a la FECC acudieron ayer jueves al Área Contable de la CAPA, donde cotejaron documentación, levantaron evidencias y entrevistaron al personal. Además de que a través de un procedimiento de conciliación bancaria y de verificación de estados financieros del último año, se corroboró un faltante de al menos 22 millones de pesos.
Trascendió que tres empleadas utilizaron el dinero y lo invirtieron en criptomonedas, pero la inversión no prospero y el dinero se «perdió».
Con el avance de la investigación, “Lupita”, una de las indiciadas confesó el hecho, en el cual participaron otras empleadas de la CAPA, identificadas como “Irene” y “Miriam”, una de ellas jefa de departamento.
Las publicaciones en redes sociales respecto a sus vacaciones en Europa, son claves en la investigación.
En forma paralela, se investiga un caso similar en la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal (DRAEF) de la CAPA, pues una empleada presuntamente tomó atribuciones que no le corresponden y utilizó recursos en forma irregular.
Según información extraoficial, “Mónica” elaboró convenios de liquidación de adeudos con usuarios con pendientes de más de 200 mil pesos, pero mediante pagos de 15 mil pesos, sus deudas quedaron canceladas.
Lo peor del caso es que los ingresos por los «convenios» no fueron reportados a la CAPA, y al parecer se los quedó la empleada en cuestión.
En este procedimiento la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que profundizará en auditorías ya concluidas a la paraestatal.