Alejandro Peza
La Secretaría de la Contraloría de Quintana Roo denunció omisiones graves que provocaron la prescripción de plazos legales al gobierno de Quintana Roo por más de 7 mil millones de pesos.
En conferencia de prensa, la contraloría, Reyna Arceo indicó que las irregularidades financieras ocurrieron entre los años 2016 y 2017, es decir al final del periodo del ex gobernador Roberto Borge y el principio del ex gobernador Carlos Joaquín.
La Contraloría acusa de omisiones graves a mandos medios y superiores de esta misma oficina que intencionalmente dejaron que prescribieran los expedientes y en las que se desviaron más de 7 mil millones de pesos.
Además se les señala de desvío de recursos, simulación de contratos en materia adquisiciones y servicios, así como tambien la falta de transparencia y manejo irregular de apoyos sociales a productores del campo.
En total son 16 oficinas del Gobierno de Quintana Roo las que presentan varias irregularidades financieras.
La lista es la siguiente:
– Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural $ 1 mil 850 millones de pesos.
– Sistema Quintanarroense de Comunicación Social $ 806 millones de pesos.
– Comisión de Agua Potable y Alcantarillado $ 526 millones de pesos.
– Gobierno del Estado y Secretaría de Finanzas y Planeación $ 161 millones de pesos.
– Agencia de Proyectos Estratégicos 161 millones de pesos.
– Universidad Tecnologica de Cancún $ 97 millones de pesos.
– Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda $ 55 millones de pesos.
– Secretaría de Salud $ 52 millones de pesos.
– Secretaría de Finanzas $ 47 millones de pesos.
– Secretaría de Finanzas y Planeación $ 25.1 millones de pesos.
– Secretaría de Finanzas $ 20 millones de pesos.
– Secretaría de Salud $ 12 millones de pesos.
– Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo $ 2.2 millones de pesos.
– Administración Portuaria Integral de Quintana Roo $ 142 mil pesos.
– Secretaría de Gobierno $ 139 mil pesos.
– Secretaría de Obras Públicas 40 mil pesos.
Edgar Ramírez Morales, titular de la Fiscalía Anticorrupción, señaló que el compromiso es revisar cada una de las 847 carpetas que han sido activadas.
“Estamos hablando de carpetas que al no darle seguimiento prescribieron, por ende prescribió la posibilidad de investigar hechos del pasado”, explicó.
Reiteró que tiene el compromiso de dar cause e investigar cada una de ellas y sobre todo, que estos servidores públicos que presuntamente fueron omisos, lleguen ante la justicia.
En tanto, Carlos Felipe Fuentes, el consejero jurídico del Gobierno del Estado, abundó que la principal omisión de estos exfuncionarios fue no sancionar a los responsables, escudados en la extinta Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.
