Denuncian que intentan sobornar a varios senadores para aprobar la Reforma Judicial, entre ellos a la Senadora del PAN por Quintana Roo Mayuli Martínez

Alejandro Peza

La prensa de la Ciudad de México publicó este martes que la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República intento sobornar a varios legisladores para obtener la mayoría calificada y aprobar la Reforma Judicial.

De acuerdo al columnista Héctor De Mauleón, Morena intento sobornar al menos a media docena de legisladores, entre ellos a la Senadora del PAN por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón.

“El método Adán Augusto”, explican. “A navajazo limpio y sin escrúpulos, y luego una generosidad en la que el cielo es el límite”, explican.

Los operadores del “regalo” con el que Morena quiere despedir al presidente López Obrador se acercaron con ofertas económicas y de altos cargos a Mayuli Latifa Martínez Simón, la senadora panista por Quintana Roo: “No tenía temas judiciales, pero le hicieron ofrecimientos para ella y para su familia”.

Mayuli Martínez Simón se mantuvo firme. Hace unos días, con diputados federales, locales y senadores del PAN expresó su rechazo a la reforma, anunció mediante un comunicado que votaría en contra de esa legislación e incluso solicitó detener la discusión en el Senado para evitar violaciones a los derechos humanos y laborales que han impugnado el proceso.

Días atrás, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó la suspensión de la discusión de la reforma al Poder Judicial en el Senado, recordando que jueces federales han otorgado suspensiones definitivas sobre el tema.

En su intervención durante la reunión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos la legisladora enfatizó la importancia de acatar estas resoluciones para evitar posibles violaciones a los derechos humanos y laborales de los ciudadanos que han impugnado el proceso.

Martínez Simón señaló que el Senado debe respetar los fallos judiciales y detener el curso legislativo de la reforma, ya que continuar podría contravenir principios constitucionales y poner en riesgo el estado de derecho.