Alejandro Peza
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo ha puesto a disposición del Poder Judicial a Edwin Jesús “N”, acusado del feminicidio de Dulce Yarely. La FGE ha presentado pruebas contundentes que acreditan su probable responsabilidad en el crimen, ocurrido el pasado 29 de agosto.
Detalles del Caso
El cuerpo de Dulce Yarely fue encontrado el 2 de septiembre, tras una intensa búsqueda. Las investigaciones iniciales, que incluyeron trabajo de campo, gabinete y análisis tecnológico, señalaron a Edwin Jesús “N” como el principal sospechoso. Según las autoridades, la víctima y el acusado llegaron juntos al domicilio de ella, ubicado en la avenida Andrés Quintana Roo con avenida Lázaro Cárdenas, alrededor de las 22 horas del 29 de agosto.
Pruebas Clave
Las cámaras de seguridad del C5 captaron a Edwin Jesús “N” saliendo del domicilio de Dulce Yarely en los primeros minutos del 30 de agosto. Posteriormente, las grabaciones muestran al acusado dirigiéndose en su vehículo hacia Calderitas, donde presuntamente agredió a la víctima con un arma blanca, causándole un traumatismo traqueal que resultó en su muerte.
El Ministerio Público analizó 19 videograbaciones obtenidas de distintos puntos de la ciudad de Chetumal, las cuales fueron cruciales para ubicar el lugar donde fue hallado el cuerpo de Dulce Yarely. Además, se realizaron pruebas periciales de criminalística en el lugar del hallazgo, pruebas de genética para la identificación de la víctima, y se aseguró el vehículo del agresor, en el que fue trasladada la víctima.
Intento de Suicidio y Detención
Tras cometer el crimen, Edwin Jesús “N” intentó quitarse la vida para evadir la justicia, sin éxito. La investigación también reveló que, debido a su profesión de enfermero, el acusado podría haber suministrado algún tipo de medicamento a la víctima para hacerla perder el conocimiento antes de agredirla.
Con las pruebas recabadas, la FGE ha acreditado la probable responsabilidad de Edwin Jesús “N” en el feminicidio de Dulce Yarely. El acusado ha sido puesto a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica. La Fiscalía solicitará la pena máxima, que podría alcanzar hasta 50 años de prisión.
