Alejandro Peza
Personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Quintana Roo se manifestaron en contra de la Reforma Judicial promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En Quintana Roo participan unos 550 trabajadores de nueve juzgados federales, un centro de justicia, el Tribunal Colegiado de Circuito y Vigésimo Séptimo Colegiado con sede en Cancún.
El paro es nacional e inicio a las 24:00 horas de ayer y es organizado por al menos 30 mil empleados de diversos niveles del PJF que están en contra del retroceso que anticipan habra en la impartición de justicia y en materia de Derechos Humanos.
Actualmente el Congreso de la Unión, mediante las comisiones involucradas, trabaja para dejar listo el dictamen final, que sería abordado por la próxima Legislatura Federal, cuando la 4T tenga Mayoría Calificada en los órganos colegiados.
En las mesas de diálogos previas y elaboración del anteproyecto no se consideró las posturas de los trabajadores del PJF.
Además, como el dictamen representa regresión en la impartición de justicia y retroceso en materia de derechos humanos, el rechazo es generalizado al interior del PJF.
Esta mañana personal de los juzgados federales en Quintana Roo se adhirió al paro nacional.
La oficial judicial C del Juzgado VI de Distrito, Nora Abreu Zapata, informó que la manifestación esta encaminada a buscar apertura y con acuerdos con los encargados de atender este tema en el Congreso de la Unión.
“En los diálogos nacionales que hubo no se consideró las posturas de los trabajadores… En Quintana Roo tampoco hubo apertura en los organizados por el Estado y Morena… El Poder Judicial del Estado también está cerrado a dialogar”, enfatizó.
Denunció que el dictamen abordado en el Congreso de la Unión tiene más objetivos políticos, porque también genera incertidumbre en las prestaciones de los trabajadores.
Pues con la disolución del Consejo de la Judicatura Federal, equivalente a la desaparición del “patrón”, se pierden derechos y prestaciones, y la iniciativa no clarifica las Condiciones Generales de Trabajo (CGT).
Asimismo, el dictamen se fundamenta más en política que en cuestión legal, pues genera inconsistencias en materia legal.
Inclusive, limita la interpretación jurídica, lo cual se contrapone al Principio Propersona, y Control de Convencionalidad; es decir se contrapone a los Derechos Humanos e impartición de justicia.
Abreu Zapata destacó la protesta nacional es realizada por personal, y se adelantó, pues estaba proyectada para el miércoles; por las condiciones políticas que ya rodean el tema.
“En un paro de maestros, los estudiantes se quedan en sus casas… Sin embargo, en nuestro caso ¿Qué pasaría si no atendemos un amparo que pone en riesgo la vida o integridad de una persona? Es lo que deben ver las autoridades”, advirtió.
El movimiento anticipado por ministros, magistrados y jueces es paralelo.
Reclamó que en la entidad tampoco haya apertura para concertar, ni siquiera permisión en las universidades; porque la negativa del Poder Judicial del Estado (PJE) impide unificar criterios y robustecer la defensa.
Tras aprobarse la Reforma Judicial, en 180 días aplicaría en las entidades.
Este día se atenderán solamente amparos. En las próximas horas se determinarán las condiciones del paro.