Alejandro Peza
El Juzgado Sexto de Distrito emitió una resolución que frena por completo la construcción de la cafetería del Congreso de Quintana Roo.
La medida impide destruir, modificar o alterar el edificio en que reside el Poder Legislativo del estado de Quintana Roo, cuyo sitio goza de una declaración de Patrimonio Cultural Intangible.
La medida cautelar se dictó este 31 de julio al concederse una suspensión definitiva favorable que tramitó el suplente en funciones de la Décima Tercera Regiduría del ayuntamiento de Othón P. Blanco, Jesús Francisco Ortega Lizárraga, el 3 de julio pasado.
Los integrantes del Consejo Ciudadano de Chetumal A.C., han denunciado falta de diálogo por parte de la legislatura respecto a la obra, presentando múltiples recursos de amparo que han resultado en la suspensión temporal de las obras hasta nueva resolución judicial.
Las demandas cuestionan la realización de la obra sin los permisos necesarios, tanto de construcción como de afectación al patrimonio cultural histórico del estado.
Los expedientes de amparo, admitidos a proceso el 9 de julio, están programados para una audiencia el 20 de agosto, donde las autoridades deberán justificar sus acciones y permisos otorgados.
Un dato importante es que el complejo arquitectónico del Congreso del Estado cuenta con una declaratoria de bien patrimonial desde la publicación del Decreto número 329 expedido por la XV Legislatura, el 15 de mayo de 2019.
La iniciativa del decreto fue presentada por el entonces presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, Eduardo Martínez Arcila.
A la propuesta se le dio lectura en la sesión 25 del periodo ordinario de sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, y fue turnada a la Comisión de Cultura que presentó el decreto que fue avalado por el Pleno.
Como parte del juicio de amparo, las medidas cautelares ordenaron nuevamente frenar los trabajos o suspender o paralizar su ejecución hasta que se dicte sentencia y le sea notificada a las autoridades señaladas.
En el juicio de garantías número 35986591, el reclamo legal se dirigió al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVII Legislatura del Estado Quintana Roo, Renán Sánchez Tajonar.
Al legislador y a los integrantes del Congreso se les señaló de dar la orden para ejecutar los trabajos, a las autoridades estatales de autorizar la obra y a las municipales de conceder los permisos y licencias de construcción.
Las primeras medidas cautelares provisionales frenaron los trabajos de construcción el 24 de julio pasado, y se validaron mediante la suspensión definitiva el miércoles pasado.
En el mismo juzgado federal están radicados otros cinco juicios de garantías que se integraron en uno solo, al coincidir contra la ejecución física y material de la obra.
En los juicios se señalan también como autoridades responsables a la Secretaría de Educación y a la presidencia y vicepresidencia de la Junta Directiva del Instituto de Cultura y las Artes del Estado, por la aprobación de autorizaciones.
Y del ámbito local, a la presidenta municipal (Yensunni Martínez Hernández) y al director de Desarrollo Urbano y Ecología de Othón P. Blanco (José Andrés Manzanilla Interián), que supuestamente habían otorgado los permisos de uso de suelo y la licencia de construcción.
En el proyecto se pretenden destinar 14 millones de pesos para beneficiar a 600 personas trabajadoras del Poder Legislativo estatal, con el objetivo de proporcionar un espacio digno y acogedor a los diputados para tomar sus alimentos, considerando que los días de sesiones y las jornadas de trabajo legislativo pueden llegar a ser extensas y extenuantes.
