Alejandro Peza
El Índice de Estado de Derecho en México (IEDMX 2023-2024), sitúa a Quintana Roo en el último lugar de la escala y evidencia un continuo estancamiento en el progreso de las 32 entidades del país hacia el respeto al marco legal sólido, de acuerdo con el World Justice Proyect (WJP) y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
El Estado de Derecho se manifiesta en muchos aspectos de la vida cotidiana, como el acceso a la salud, el trato igualitario, el acceso a la justicia, la seguridad pública o el derecho a la libre expresión.
Los resultados del IEDMX 2023-2024, señalan que los estados con los puntajes más altos son Querétaro (0.49), Guanajuato (0.47) y Aguascalientes (0.47).
Mientras que los estados con los puntajes más bajos son Estado de México (0.35), Morelos (0.35), y Quintana Roo (0.36).
El Índice de Estado de Derecho en México realiza está análisis por medio de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal.
Un dato importante es que tras seis ediciones, los datos muestran las siguientes tendencias:
– La mayoría de los estados muestran una contracción en la participación ciudadana, la cual es fundamental para que la ciudadanía pueda participar de forma efectiva en la formulación de políticas públicas.
– La seguridad es uno de los mayores retos con altas tasas de homicidios e incidencia y prevalencia delictiva, aunque con una mejora importante en la percepción de la seguridad en las personas.
– Hay un fortalecimiento en la garantía a los derechos laborales al registrar mejoras en 19 estados.
– Persisten los retos en el sistema de justicia penal, en particular tras el debilitamiento en la garantía al debido proceso.
Otro dato relevante es que los resultados de esta edición indican que los avances en materia de Estado de Derecho son escasos pues todos los estados siguen por debajo de la mitad de la calificación idónea, y tienen desafíos para alcanzar un Estado de Derecho sólido, sobre todo en cuanto a seguridad y justicia penal.
En el caso de Quintana Roo, alcanzó un puntaje de .33 en Órden y Seguridad, que mide la seguridad de las personas y la ausencia de homicidios, victimización y percepción; y de .29 en cumplimiento regulatorio, es decir, de cómo se implementan de manera justa y efectiva en temas laborales, ambientales, comerciales y de salud pública.
El puntaje alcanzado en ausencia de corrupción es de apenas .30, lo mismo que el de la justicia penal, mientras que la justicia civil llega apenas a .32 puntos.
La ausencia de corrupción en el gobierno incluye la existencia de sobornos, influencias inapropiadas por intereses públicos o privados, así como la apropiación indebida de fondos públicos.
En ese rubro, las y los servidores públicos del Poder Ejecutivo salen peor rankeados que los del Poder Judicial, pero los que menor puntaje registran son quienes laboran en los sistemas de seguridad y procuración de justicia, junto con el Poder Legislativo.
La justicia penal muestra una tendencia al estancamiento. El promedio de este Factor continúa siendo de los más bajos (0.37), a pesar de que se registraron incrementos marginales de puntaje en 16 estados del país.
El aspecto con el puntaje más bajo continúa siendo la falta de eficacia de las investigaciones de Ministerios Públicos y la Policía, con un promedio general de 0.21, lo que se refleja en un alta “cifra negra”, la cual mide los delitos que no son reportados.
