Alejandro Peza
Personal del Juzgado Familiar de Primera Instancia de la ciudad de Chetumal es señalado de cometer una negligencia burocrática pues un error administrativo género que el dinero de una pensión alimenticia fuera depositado en una cuenta bancaria diferente a la de la persona beneficiaria.
La víctima de esta situación que solicitó se reserven sus datos personales, indicó que hace algunas semanas, presentó un convenio ante el Juzgado Familiar de Primera Instancia en la que le solicitó a la jueza Elena Esmeralda González Flores que ordenara el descuento de la pensión alimenticia directamente de su salario, una medida común en casos de esta índole. Sin embargo, explicó que lo que debía ser un procedimiento rutinario pronto se tornó en una pesadilla burocrática, dejando al descubierto la falta de profesionalismo y respeto por los derechos de los ciudadanos.
«El desatino comenzó cuando el personal del juzgado cometió un error de proporciones significativas y es que los descuentos fueron depositados a la cuenta bancaria de un individuo ajeno al caso, una persona que ni siquiera formaba parte del expediente judicial. Esta negligencia administrativa no solo me afectó, sino que también comprometió la seguridad y la privacidad de datos personales, infringiendo flagrantemente la ley de protección de datos», comentó.
Lo peor del caso es que en vez de rectificar el error mediante los canales legales establecidos, la jueza Elena Esmeralda González Flores optó por una vía extrajudicial, contactando de manera arbitraria a la titular de la cuenta equivocada».
De acuerdo a la víctima de esta negligencia administrativa, esta acción no solo carece de fundamentos legales, sino que también denota una falta de profesionalismo y ética por parte de quienes ejercen autoridad en el sistema judicial del Estado de Quintana Roo.
«Ante esta situación, es imperativo que las autoridades competentes actúen con celeridad y diligencia para resolver este caso. Se solicita una pronta respuesta y una investigación exhaustiva para identificar y sancionar a aquellos responsables de abusar de su autoridad y violar los derechos de los ciudadanos».
Un dato importante es que este comportamiento no solo constituye un acto de ilegalidad, sino que también tiene consecuencias directas en la economía y los derechos fundamentales de las personas afectadas pues la pensión alimenticia es un derecho consagrado por ley, y su correcta administración es crucial para garantizar el bienestar de quienes dependen de ella.
