Alejandro Peza
La directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), María Hadad Castillo, no descartó que por el próximo proceso electoral, aumente el ataque y la violencia política contra las mujeres.
Dijo que desafortunadamente aún persiste esa práctica, a pesar de que es un delito
Señaló que el aumento de la participación de las mujeres en la vida política, genera también una serie de ataques y denostaciones.
» Especialmente en redes sociales y plataformas es donde se han intensificado los ataques, especialmente durante los procesos electorales» añadió
Sin embargo destacó que a diferencia de hace unos años ahora sí se castiga la Violencia Política Contra la Mujer en Razón de Género.
» Es el Código Nacional, que regula estas conductas y establece acciones legales para combatirlas», añadió.
Informó que en el año de 2007 el Estado mexicano emite la Ley de acceso de las mujeres a una vida Libre de violencia y a partir de ahí se ha ido evolucionando todo nuestro esquema jurídico y el marco jurídico para entender estas diferentes expresiones de violencia hacia las mujeres y, en particular, a la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Puntualizó que para el Proceso Electoral 2017-2018 se elabora el primer Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, informó que en ese proceso hubieron 49 denuncias por violencia política y esto sucedió antes que se tuviera una legislación pero, después de la reforma electoral, la reforma del 13 de abril de 2020; se reforman varias leyes, ocho leyes y con estas reformas pues se logra la incorporación de una legislación con el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, cuáles son sus tipos, las responsabilidades de la comisión de esa conducta y que efecto tienen.
En este sentido indicó que esta reforma les dio al Instituto Nacional Electoral una serie de
responsabilidades a las diferentes instituciones del Estado Mexicano pues para atender, sancionar, prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres, entre ellas al INE le toca, entre esas atribuciones está la de dictar medidas cautelares, medidas de protección en favor de las mujeres que presenten este tipo de quejas.
Puntualizó que, este protocolo tiene también como, el objetivo general, establecer los ejes rectores de atención del primer contacto y la elaboración del análisis de riesgo que permita determinar la necesidad de dictar medidas cautelares o de protección y elaborar un plan de seguridad a las personas, mujeres que presenten quejas o denuncias por violencia política ante el INE y así dar seguimiento.