Alejandro Peza
El diputado Hugo Alday, presidente de la Comisión de Justicia en la XVII Legislatura del Congreso del Estado, presentó una reforma a la Ley de Juicio Político en la que se propone una modificación a los plazos de dictamen que pasarían de un año a solo 60 días.
El legislador señaló que la propuesta para la modificación a la ley de juicio político es que las solicitudes de juicio politico se queden en la «congeladora» legislativa.
«Actualmente la ley establece que a los tres días de presentada la solicitud de juicio, sólo se tenía que ratificar la solicitud y de ahí se contaba un año para establecer en su caso alguna sanción», explicó.
La reforma aborda la carencia de plazos específicos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que permitía la ratificación del juicio político en tan solo tres días, dejando posteriormente un periodo sin límite temporal. “Con la propuesta de reforma, se busca imponer un plazo concreto de 60 días para que la Comisión de Justicia determine la procedencia o no del juicio político, agilizando así el proceso y asegurando una pronta resolución”, precisó.
Otra novedad de la propuesta es que una vez dictaminado por la Comisión de justicia, se establece un plazo de quince días hábiles para la instalación de la Comisión de Proceso Jurisdiccional que se encargará de estudiar, analizar y determinar la procedencia de la denuncia emplazando al denunciado y haciéndole saber sus derechos y las pruebas admisibles en el procedimiento.
Además, dijo que también se contempla que las solicitudes de juicio político se suban al pleno de la legislatura para que se vote si la solicitud procede, además de que también se establecen plazos para ello.
Un dato importante es que el legislador del Partido del Trabajo (PT) también reveló que al recibir la Comisión de Justicia, ha tenido conocimiento de 22 expedientes de juicio político, originados en diversas legislaturas.
De estos, 12 ya fueron resueltos en un año, mientras que en este momento 2 están en revisión, con la posibilidad de ser desechados debido al paso del tiempo, es decir, ha vencido el plazo para determinar una sanción, que es a de un año de conformidad con la Constitución del Estado.