Denuncian a diputados del Congreso del Estado por «congelar» un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN para resolver la controversia por límites territoriales entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán

Alejandro Peza

El abogado y representante de las comunidades de la zona limítrofe, Andrés Blanco Cruz acusó que los diputados de la XVII Legislatura del Congreso del Estado «congelaron» un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN para resolver la controversia por límites territoriales entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán.

El abogado explicó que los grupos parlamentarios de Morena y el Partido Verde mandaron a comisiones la propuesta de exhortar a los Ministros para resolver de forma prioritaria el conflicto que mantienen por más de 40 años los estados de la península.

«Utilizando una ilegalidad contra el proceso legislativo, los diputados de los grupos parlamentarios de Morena y del Partido Verde, eliminaron la propuesta de discutir y en su caso aprobar de obvia y urgente resolución un punto de acuerdo dirigido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación», comentó.

El documento propuesto desde la Comisión de Límites y Asuntos Fronterizos, serviría para exhortar a los Mínistros, respecto a que puedan emitir una sentencia de forma prioritaria, respecto al conflicto iniciado en los años 90 y que tiene su última etapa de resolución en el expediente 226/2019.

A cambio, extrañamente el coordinador de Morena, Humberto Aldana, pidió enviar a comisiones el documento, al considerar que no es momento de molestar a los Ministros de la Suprema Corte, al asegurar que se encuentra trabajando en el tema y próximamente emitirán sentencia.

«Esta postura es incongruente con las manifestaciones del presidente de la República y lider moral de Morena, quien ha descalificado en últimas fechas los trabajos que se realizan desde la Corte», consideró el abogado.

Andrés Cruz resaltó que la indefincion de los límites territoriales, no son una prioridad para los legisladores locales, lo cual podría servir como un irregular pretexto para continuar retardando la inversión de recursos públicos.