Alejandro Peza
El Comité de Participación Ciudadana (CPC) en Quintana Roo, en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SESAEQROO), la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (CEMER), y Ethos Innovación en Políticas Públicas, está llevando a cabo un estudio con el título “Impacto en la implementación de Programas de Mejora Regulatoria en 6 municipios del estado de Quintana Roo.”
Este proyecto tiene como objetivo identificar las áreas de oportunidad en la realización de trámites en los municipios de Benito Juárez, Felipe Carrillo Puerto, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Tulum y Solidaridad.
La maestra Alejandra Rodríguez, del CPC Quintana Roo, subraya la importancia de este estudio, ya que no solo evaluará los desafíos que enfrentan las personas que realizan estos trámites, sino también determinará si los esfuerzos en mejora regulatoria implementados en estos municipios han dado resultados palpables.
“Se eligieron estos municipios, atiende a varios puntos a relación que presentan mayor dinamismo económico, al tema empresarial y con la idea que se presenten todos los matices del estado, desde las islas, la zona maya, norte, centro y sur”, destacó.
Este estudio se centra en tres trámites específicos: la obtención de licencia de conducir, el trámite para obtener el uso de suelo comercial y la anuencia de protección civil para establecimientos comerciales. Estos trámites han sido identificados como aquellos que presentan mayores riesgos de corrupción, lo que los convierte en un punto crucial para la política anticorrupción.
Alejandra Rodríguez, precisó que la percepción ciudadana juega un papel crucial en este estudio, ya que refleja la realidad de los trámites y los esfuerzos para combatir la corrupción en el estado.
“Por esto la invitación intensiva, porque la base de los trámites de lo que hoy tenemos que, como lo refleja 2022 o 2023, por lo que la idea es alcanzar un número representativo para tener un panorama realista”, dijo.
Un dato importante es que un 30 por ciento de los mil 200 trámites y servicios del gobierno de Quintana Roo, durante la administración de Carlos Joaquín González, carecían de un sustento jurídico, legal, así como de normatividad por tanto fueron eliminados o en su caso adicionados a otros que, si contaban con ello, esto con miras a sacar del sótano a la entidad en cuanto a mejora regulatoria.
Lo peor es que en el 2019 Quintana Roo dejó de contar con un registró estatal de trámites y servicios lo que permitió que durante el sexenio joaquinista se llevaran a cabo tramites y servicios sin que estuvieran registrados y por lo cual fueron suprimidas.
Un dato importante es que la entidad en lo que respecta a mejora regulatoria sigue dentro de los últimos 10 lugares a nivel nacional, es decir, que se ubica en el lugar 26 de las 32 entidades federativas, acotando que hay estados que tienen únicamente 300 tramites en comparación a los mil 200 de Quintana Roo.