Alejandro Peza
La delegación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Quintana Roo demandó a 46 de sus afiliados por un aparente desvío de recursos por al menos 34 millones de pesos.
Diego Cortés Arzola, ex presidente y Ulises Morales actual presidente de la CMIC, exigen la devolución del dinero y han solicitado se embarguen los bienes de los socios involucrados en este caso.
Desde la semana pasada, como parte de la demanda que presentó la CMIC Quintana Roo en la época de Diego Cortés Arzola y ratificada por el actual presidente, Ulises Morales Estrada, están llegando a los domicilios de 46 de sus afiliados, los respectivos citatorios judiciales para que se presenten a declarar y presenten sus respectivos argumentos legales de defensa.
De acuerdo a citatorios con fechas 19 de mayo y 16 de agosto, las demandas presentadas por Diego Cortés Arzola, actual Subsecretario de Planeación, Gestión y Programación de la SEOP, siguen su curso, ya en un proceso de proceso de embargue de bienes de los demandados, entre ellos los ex presidentes Eriberto Arguello, Raúl Villanueva Arguelles, Carlos Paredes Verástegui, Humberto Vivanco Barceló y algunos conocidos constructores como Raúl Humberto Mézquita, Abraham Rodríguez Herrera (ex titular del Ifeqroo), los hermanos Jorge Enrique y Juan Manuel Mercader Rodríguez, Mario Rivero Leal, Germán Gaytan Guerrero y Daniel Bautista Reinhard, que son algunos de los 45 demandados.
Una de las delegaciones empresariales más importantes del estado mantiene desde el
desde el 2016 una denuncia ampliada en febrero del 2022, por el entonces presidente de la CMIC, Diego Cortéz Arzola en contra de 46 de sus afiliados, con quienes la actual directiva presidida por Ulises Morales Estrada no ha podido conciliar intereses, lo cual ha generado divisiones, enfrentamientos y ha provocado el desgaste y la falta de representatividad como instancia empresarial interlocutora ante dependencias federales, estatales y municipales.
En el origen de esta confrontación jurídica que generará contrademandas por daño moral y patrimonial, se encuentran préstamos otorgados por la sociedad civil Industriales de la Construcción de Quintana Roo, un organismo financiero que opera de forma paralela a la CMIC para la emisión de apoyos crediticios para los propios constructores, con la salvedad de que dichos créditos, aunque han sido reconocidos, no han sido cubiertos, salvo la existencia de unos 30 pagarés que se desconoce en manos de quiénes se encuentran; sin embargo, la CMIC mantiene la práctica de otorgar créditos a empresarios constructores cercanos a los intereses de las recientes directivas.
De acuerdo a los antecedentes, la demanda se presentó ante el Juez Civil de Primera Instancia, con el objetivo de nulificar la legalidad de la asamblea de diciembre del 2016 realizada por 46 constructores afiliados a Industriales de la Construcción, S.C. (Indelaqroo),. La demanda busca también declarar la nulidad de la Escritura Pública inscrita en el Registro Público de la Propiedad que dio fe del acto; solicitar cuentas sobre los activos físicos y financieros en poder del Indelaqroo y que se embargue a los demandados.
A raíz de la primera demanda, desde el 2016 se prohibieron los préstamos a los afiliados; sin embargo, en el 2019, siendo Tesorero Ulises Morales Estrada, se otorgaron nuevos préstamos, uno de ellos por 200 mil pesos a la empresa Moba Construcciones, propiedad de su papá, Arnulfo Morales Bernal; en total, durante su gestión como Tesorero, Ulises Morales Estrada, además de la empresa de su papá, otorgó préstamos indebidos por 200 mil pesos a Pedro Olguín Gómez, de Punta Estrella Construcciones y por 300 mil pesos a Nicolas Aké Gómez, de Copitra Construcciones, integrantes del Consejo Consultivo.
En la actual administración, que preside Ulises Morales Estrada, es Julia Solis Ongay, esposa del Expresidente Pedro Santos Huchin, como Tesorera, en quien recae la responsabilidad de cobrar a los deudores de la CMIC y gestionar la suspensión de sus derechos, conforme los estatutos.
