Alejandro Peza
Trabajadores sindicalizados del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Quintana Roo se sumaron a una protesta nacional en apoyo al investigador Fernando Cortés de Brasdefer quien se atrevió a cuestionar los «salvamentos» arqueológicos del Tren Maya.
El delegado sindical, Jaime Garduño Argueta indicó que desde hace semanas las autoridades del INAH nacional han desacreditado a Fernando Cortés de Brasdefer.
«A partir de la filtración de un texto suyo, compartido de manera privada con sus compañeros investigadores, en el que da testimonio del saqueo y destrucción que sufren numerosos bienes arqueológicos por la construcción del llamado Tren Maya, diversas autoridades del INAH, incluyendo a su director general, condicionaron la continuidad laboral del compañero a su petición de perdón, y al no hacerlo, se busca incluso judicializar su caso», explicó.
El INAH pretende sancionar a Fernando Cortés de Brasdefer por difundir testimonios y gráficas que documentan la destrucción al patrimonio arqueológico provocada por el proyecto del Tren Maya.
En un comunicado oficial el INAH asegura que hay una «mala voluntad» de Fernando Cortés.
«Contrario a la mala voluntad del arqueólogo, al referirse a nuestros colegas como saqueadores, en el INAH reconocemos al doctor Manuel Eduardo Pérez Rivas y a su equipo de trabajo, quienes además de su amplia trayectoria académica, tienen un extenso conocimiento de la región y han implementado tecnología de punta, como el uso de drones, la fotogrametría y equipos de alta resolución».
El comunicado precisa que «Es probable que Cortés de Brasdefer desconozca los procedimientos que este tipo de proyectos implican, pues en sus más de cuatro décadas de colaborar en el INAH ha realizado quizá un par de intervenciones de salvamento sin llegar a buenos términos. Su trabajo se ha concentrado en Chakanbakán, zona de la que erróneamente se le dice director, pues el cargo no existe, y su proyecto no se encuentra vigente desde hace, por lo menos, una década, aunque sí devengó sumas millonarias con resultados discutibles».
Refiere, además, que ha obtenido amonestaciones verbales en varias ocasiones tras proporcionar a terceros, «sin la debida autorización», documentación, datos e información sobre proyectos arqueológicos en curso.
«Lo cual no solo contraviene las Condiciones Generales de Trabajo del INAH, sino que ha entorpecido en gran medida la labor arqueológica en el Centro INAH Quintana Roo y puesto en riesgo datos de terceros involucrados».
Y rechaza que el Instituto no involucrara a los investigadores de la región ni solicitara su opinión, como el señalado ha acusado.
«Cabe señalar que, con el objetivo de salvaguardar el patrimonio arqueológico de la península, se invitó a expertos del interior de la República que expresaron su intención de participar. Cortés de Brasdefer, probablemente, consideró más atractivo juzgar sin argumentos desde la comodidad de su escritorio que demostrar con acciones, y no con palabras, sus intenciones de proteger el patrimonio y no resultar ‘un traidor a la patria’ como él mismo ha calificado a sus compañeros».
Por su parte Fernando Cortés de Brasdefer aseguró que no es un traidor ni del INAH ni de la patria.
«No soy traidor a mi institución, todo lo contrario pues quiero pasar como un arqueólogo honesto y claro y no como un traidor a la patria. Prefiero que me llamen denunciante o, como me dijo el director general el arqueólogo de sangre azul, pues prefiero que se burle de mí, pero no soy traidor a mi institución, todo lo contrario. Conozco perfectamente la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y sé hasta dónde podemos llegar”, puntualizó.
