Alejandro Peza
Una nueva denuncia contra el exalcalde del municipio de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia Martínez fue presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, por cobros irregulares que realizó por al menos 100 mil pesos que no se reflejaron en las finanzas del Ayuntamiento.
De acuerdo a la denuncia se trata de pagos que realizaron al menos 20 vecinos de la colonia Antorchistas Ecosur, para iniciar el trámite de regularización de sus predios pero cuyo dinero no entro a las arcas de la tesorería de Othón P. Blanco, explicó la regidora de Movimiento Ciudadano, Lidia Rojas Fabro.
“Se presentó la denuncia, está en trámites, estamos esperando que la Fiscalía Anticorrupción atienda y diga que se va hacer con unos cobros en Antorchistas Ecosur de predios”, explicó.
La regidora presidenta de la Comisión De Transparencia, precisó que esta situación se dio a conocer por los mismos vecinos que solicitaron conocer como avanza el trámite por el que pagaron, por lo que el Cabildo se reunirá con ellos para conocer el procedimiento a seguir al respecto.
“Lo que están solicitando los vecinos es que se retome el tema, estaremos haciendo reuniones de Cabildo y de Comisión para poder atender este tema, porque es contradictorio, en el sentido de que hay una denuncia, pero a la vez quieren que se regularice”, dijo.
Explicó que a cada uno de los posesionarios de predios se les cobró cinco mil pesos, para iniciar el presunto proceso a través de la anterior administración del Ayuntamiento.
Esta nueva acusación se suma a otras por cantidades de hasta ocho millones de pesos que involucran a cuatro exfuncionarios de la pasada administración municipal, como ya investiga la síndico municipal Alejandra del Ángel Carmona.
Las denuncias ya han sido interpuestas ante la Fiscalía General del Estado por el delito de peculado, que implican el desvío de entre siete y ocho millones de pesos de la anterior administración.
Lidia Rojas, aseguró que ninguna de estas denuncias ha fenecido por lo que siguen su curso, aunque será la autoridad la que dicte el tiempo en el que se puede proceder en contra de los exfuncionarios involucrados en estos malos manejos.