Alejandro Peza
El Fraccionamiento Andara Club Residencial entregó, al Ayuntamiento de Othón P. Blanco, la infraestructura pública con la que cuenta, luego que un juez de distrito otorgó un amparo a un grupo de residentes que solicitaron que sean las autoridades municipales quienes los doten de servicios como agua potable, alumbrado y servicios públicos, como la recoja de basura.
El proceso de municipalización se realizó sin incidentes, pero el ayuntamiento tuvo que retirar las rejas y quitar la seguridad de las casetas de la colonia, ya que los residentes habían obtenido un amparo ante el juzgado primero de distrito para que la colonia sea municipalizada.
El litigio data de varios años atrás, cuando el dueño del complejo residencial, donde habitan políticos, empresarios y hasta ex gobernadores, cortó los suministros de agua potable y otros servicios, a un grupo de propietarios quienes se negaron a pagar cifras que consideraron “estratosféricas” por servicios como la poda de árboles, recoja de basura y el principal, agua potable.
Por lo anterior demandaron en un juicio de amparo a Sergio Zapata Vales y su empresa En Tu Hogar, S.A de C.V, bajo el argumento de que el acceso al agua potable, es un derecho humano y que, según la ley municipal, los servicios como la recoja de basura, podado de árboles y alumbrado público, es facultad y obligación del propio Ayuntamiento.
La sentencia resolutiva que ordenó la municipalización se fundamentó en el derecho universal del agua.
Según la sentencia, el fraccionamiento deberá ser administrado por el ayuntamiento para garantizar la gestión adecuada del agua y el mantenimiento de la infraestructura. Con esta acción, el ayuntamiento podrá brindar servicios públicos de calidad a los residentes del fraccionamiento Andará, como recolección de basura, alumbrado público, mantenimiento de calles y seguridad.
Es importante destacar que la municipalización de un fraccionamiento privado es una medida excepcional y solo se lleva a cabo en casos excepcionales, como cuando los servicios que ofrece la empresa constructora no son adecuados o los residentes no pueden acceder a los servicios públicos de manera adecuada. En este caso, la sentencia judicial resolvió que la municipalización era necesaria para garantizar el derecho universal del agua.
Los habitantes de ese club residencial, se quejaron durante años que, Sergio Zapata Vales durante años los mantuvo como clientes cautivos con los pagos mensuales de mantenimiento, que incluían el servicio de recoja, podado de árboles y alumbrado, además del de agua potable.
En este aspecto los residentes señalaron en más de una ocasión que el agua se les cobraba al 200% más caro que en cualquier zona de Chetumal, puesto que mientras que en cualquier colonia una persona con un consumo doméstico pagaba un recibo de entre 200 y 300 pesos, por la misma cantidad la empresa les cobraba hasta tres mil pesos.
