Alejandro Peza
Las carreteras que comunican a las poblaciones de Tepich con Valladolid, Felipe Carrillo Puerto y Tulum en la zona maya de Quintana Roo fueron bloqueadas por ejidatarios que exigen la indemnización de unas 160 hectáreas expropiadas hace más de 60 años para la construcción de la carretera Vía Corta a Mérida.
Los ejidatarios de las comunidades de Tihosuco, Tepich y Graciano Sánchez, advirtieron que el bloqueo se mantendrá hasta que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) formalice el pago correspondiente.
Hace seis décadas la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), expropio más de 160 hectáreas para la construcción de la Vía Corta a Mérida pero hasta ahora no se les ha hecho pago alguno a los ejidatarios.
Desde el año 2021, los ejidatarios mantienen negociaciones con la SICT la cual hasta ahora no ha respondido lo que ha generado el cierre de las carreteras en al menos siete ocasiones durante tres años.
El 3 de mayo del 2021, los ejidatarios realizaron un bloqueo en esa parte, donde fueron atendidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y se comprometió a resolverles.
Al no darse ninguna respuesta, el 22 de noviembre de 2022, comuneros de Tihosuco, Tepich y Graciano Sánchez, se manifestaron en la delegación de la SICT en la ciudad de Chetumal.
Tras dos días de plantón, los ejidatarios otorgaron un plazo para retomar las negociaciones y se resolviera este asunto en el primer trimestre de este año pero al no haberse dado ninguna atención los ejidatarios de Tepich acordaron el sábado anterior, el bloqueo carretero.
El presidente del Comisariado Ejidal de Tepich, Concepción Ku Kahuil, manifestó que ayer la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, solicitó acudan a reunión a Chetumal para retomar y analizar el asunto.
Pero los 647 comuneros acordaron negarse y que la reunión sea en la comunidad para formalizar la indemnización.
Asimismo, se rechazó la propuesta de la SICT de solventar el pago de 170 mil pesos por hectárea, pues los ejidatarios exigen un millón de pesos por hectárea.
