Alejandro Peza
Integrantes de 628 asociaciones religiosas afilidas a la Comunidad Cristiana Quintanarroense marcharon en las calles de la ciudad de Chetumal para manifestarse en contra de la iniciativa de reforma que promueve la diputada María Fernanda Cruz Sánchez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades y en la que propone penalizar las terapias de conversión que tienen como objetivo el de convertir a una persona a determinada orientación sexual mediante el uso de métodos físicos, psicológicos o sexuales.
Raúl Hernández, indicó que la iniciativa de la diputada interviene en los asuntos más íntimos de las familias además de que rompe con la patria potestad que los padres ejercen en sus hijos.
La diputada Fernanda Cruz Sánchez del partido Morena ha propuesto la iniciativa de condena con seis años de prisión a quien imparta terapia psicológica o retiros espirituales para la reconversión de identidad sexual.
Es así que este martes alrededor de 700 personas se movilizaron en la ciudad de Chetumal donde se manifestaron en contra de las inconsistencias de la propuesta legislativa.
La propuesta presentada tiene la intención de penalizar a quien financie, dé la terapia y motive o lleve a una persona para que reciba una de estas terapias de conversión o “corrección” de la orientación sexual o identidad de género.
Además, habría una sanción adicional para quien lo haga en contra de un menor de edad o de una persona que no tenga la capacidad para decidir, aunado a que aquella persona que pueda dar estas terapias deberían retirarle su cédula profesional en caso de ser reincidente y que forme parte de personal de la salud.
La iniciativa contiene “delitos contra la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas”, proponiendo penas de cárcel a quienes “promuevan, ofrezcan, impartan, apliquen, obliguen, induzcan, financien o sometan a terapias de conversión”.
La abogada Lorena Gómez, considera que hay carencia de un glosario que contenga conceptos claros en esta propuesta, por lo que la iniciativa de ley cae en errores legislativos que van desde la violación de la libertad religiosa y de conducta para los ciudadanos, hasta la supresión de la libertad de pensamiento.
Jenni Villalobos, pastora de una comunidad religiosa, señala que, “cuando organizamos un campamento de retiro, no obligamos a nadie a que cambie”. Como sucede muchas veces, la visión de la ideología de género confunde obligar al cambio con invitación a mejorar.
La proposición de ley violenta también los derechos de los padres, pues plantea la pérdida de la patria potestad a quien someta a sus hijos a terapias de este tipo. La libertad de educación queda así eliminada, pues se prohíbe a los padres cultivar la formación sexual de sus hijos.
