Alejandro Peza
La diputada Cinthya Millán Estrella presentó una iniciativa de reforma integral a la Ley de Movilidad, que incluye la modificación de 37 artículos para incluir la figura de intermediación de transporte bajo demanda mediante aplicaciones digitales, así como diversas homologaciones con la norma federal.
“La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial estableció un plazo no mayor a 180 días desde su promulgación para que las legislaturas locales armonicen sus respectivas leyes con dicha disposición. Este plazo venció para Quintana Roo el pasado 13 de noviembre, por lo que estamos fuera de la fecha límite”, declaró Millán Estrella.
La legisladora precisó que la propuesta emanada desde el Partido Acción Nacional incluye la categoría de “servicio privado” para aquellos transportes de usuarios a través de plataformas digitales.
“Los conductores de este modelo de viaje, como los choferes de Uber, deberán obtener un registro ante el Instituto de Movilidad así como un permiso para poder operar, sin necesidad de concesiones. Su vigencia será de 10 años con la posibilidad de prorrogarse, con refrendo anual. También se amplía la forma de cobro por dichos pasajes mediante pago en efectivo”, declaró.
Asimismo, propone que de manera mensual dichas plataformas aporten a favor del Estado un impuesto correspondiente al 1.5% de cada viaje contratado por medio de la plataforma.
“Pero esta propuesta no se limita al tema Uber, sino que es integral: plantea reformas al artículo 16 para incluir a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente como una autoridad en materia de Movilidad, a fin de que participe en el diseño de estas políticas públicas para reducir la contaminación del aire, emisiones de gases efecto invernadero, consumo de energía, ruido, etc.”, dijo.
Detalló que se instruye al Instituto de Movilidad de Quintana Roo a crear un Sistema de Información Territorial y Urbano, con el objetivo de organizar, actualizar y difundir todos los datos sobre estos dos temas de cada municipio, ciudad y camino; reorganizar la infraestructura vial urbana bajo la jerarquía de movilidad, priorizando al peatón y a los grupos en situación de vulnerabilidad; aplicar acciones para reducir el riesgo de lesiones y muertes a causa de los siniestros de tránsito.
