Alejandro Peza
El diputado Julián Ricalde Magaña consideró excesiva y polémica la controversia constitucional que el Poder Judicial del Estado presentó por el recorte de su presupuesto.
A principios del mes de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a la demanda de controversia constitucional interpuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo (TSJ) en contra de la gobernadora, Mara Lezama, la Décimo Séptima legislatura, la Secretaría de Gobierno, los ayuntamientos y el Periódico Oficial del Estado por la aprobación y publicación del decreto 007 mediante el cual se autoriza al Poder Ejecutivo afectar los presupuestos de los Poderes, así como de los órganos autónomos, por la violación a su autonomía.
Julian Ricalde Magaña, consideró que antes del recurso de anticonstitucionalidad, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada debió haber solicitado una ampliación del presupuesto.
Aclaró que además el recurso no debió ser en contra del Poder Legislativo, debido a que los diputados únicamente aprueban el presupuesto que les presentó la Secretaría de Finanzas y Planeación
«Fue una decisión polémica y abrupta se pudo haber utilizado otra vía como la solicitud de ampliación del presupuesto», refirió.
Destacó que el ajuste en la asignación de recursos fue precisamente para que el Gobierno del Estado pueda apuntalar programas para los sectores vulnerables así como para reforzar seguridad, educación y salud.
El legislador manifestó que están a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les notifique el fallo correspondiente
Sin embargo advirtió que «los diputados del Congreso del Estado defenderán la aprobación del presupuesto a capa y espada», concluyó.