Alejandro Peza
Los pobladores de ocho comunidades rurales del municipio de Bacalar amenazaron con cerrar las escuelas públicas de esa zona como una medida de protesta para exigir que se reparen unos 75 kilómetros de caminos secundarios que conectan entre si a esas poblaciones.
El maestro de la comunidad El Progreso, Roger Cano Tun, afirmó que los padres de familia junto con los comisariados ejidales determinaron realizar el cierre de las escuelas debido a que no se han atendido sus solicitudes que han realizado desde hace dos años.
El profesor indicó que los docentes que imparten clases en esas poblaciones también se unieron al movimiento debido a que también resultan afectados por el mal estado de los caminos.
“Desde hace más de dos años hemos estado gestionando la reparación de los caminos de acceso, pero cada día están peor, al grado que los autos ligeros que transitan por el lugar, quedan suspendidos de lo profundo que están los hoyancos, estos dejaron de ser baches, ahora son pozos que se extienden a todo lo largo del camino e impiden el tránsito», denunció.
Dijo que la maleza ha cubierto un carril completo de la carretera y se han registrado choques y accidentes entre vehículos de frente, porque transitan a un solo carril ambos sentidos de la vía.
«De Bacalar a El Progreso son 50 minutos de viaje pero por las condiciones del camino, hacemos dos horas, en un tramo de 75 kilómetros», expuso.
El cierre de las escuelas se anunció podría ocurrir este lunes 23 de enero lo que afectaría las clases de unos 350 estudiantes de educación básica.
Las carreteras más dañadas por la falta de mantenimiento son las que conducen a las comunidades de de Buena Fe, San Fernando, Nuevo Jerusalén, Guadalupe Victoria, El Progreso y Margarita Maza de Juárez,
Los pobladores refieren que la falta de mantenimiento a los caminos ocurrió desde hace unos cinco años atrás, pero aclararon que desde hace dos años se han emitido solicitudes de atención, pero hasta ahora no hay respuesta alguna.
De este asunto, los habitantes aseguran ya fue notificada la Secretaría Estatal de Obras Públicas (SEOP), así como el Ayuntamiento de Bacalar y los diputados del Congreso del Estado.